A lo largo de los últimos diez años los costes directos derivados de la aplicación legislativa puesta en marcha desde la U.E han incrementado de manera continua, especialmente en el último año, como consecuencia de la legislación de emisiones industriales y productos químicos y en menor medida por las normativas sobre energía. Aunque los escenarios de competencia internacionales están cambiando con el empuje de los países del sudeste asiático y el liderazgo que está tomando Estados Unidos con la explotación del shale gas, el desarrollo miope de nuestra propia normativa comunitaria está favoreciendo que paulatinamente vayamos perdiendo cuota de mercado y cayendo, en definitiva, en la trampa de un arrinconamiento de nuestra propia industria.
Por este motivo, la Comisión Europea ha desarrollado un estudio para evaluar el coste que suponen las principales regulaciones comunitarias sobre el sector químico. Las primeras conclusiones arrojan un balance desolador: el coste supone aproximadamente el 12% de todo el valor añadido del sector, que en el caso de España supondría un coste aproximado de 1.800 millones de Euros. Esto, claramente, requiere de una solución urgente.
Ahora que la Comisión parece estar tomando conciencia de los negativos efectos que puede acarrear la sobrerregulación sobre la producción industrial, que dista mucho del objetivo de recuperar la industria europea marcado por Juncker al inicio de su mandato, esperemos que algo empiece a cambiar para evitar que, a la postre, esta situación acabe comprometiendo también al empleo. Sin duda, hay que regular de forma mucho más inteligente y, desde luego, tender a la homogenización.
