La futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático deberá orientar la estrategia energética de nuestro a largo plazo, no sólo contemplando el objetivo esencial de reducción de emisiones de CO2, sino impulsando de forma simultánea la competitividad de una industria que, en muchos sus sectores estratégicos, tienen el precio eléctrico como su principal factor de coste.
En lo que se refiere a las industrias electrointensivas, Alemania es, aparentemente, el paradigma del modelo a imitar. Al menos en lo que se refiere al mercado mayorista. Como bien refleja la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) en su barómetro de marzo, el precio medio del mercado diario en 2017 fue en Alemania de 34,2 €/Mwh, 18€ más barato que en España, sin contabilizar otros costes añadidos al precio del mercado. Obviando el resto de costes del sistema que se incorporan en la factura del sistema, atajar este diferencial tiene que ser una prioridad en el nuevo modelo energético, y ello precisa de diversas medidas prioritarias.
La primera de ellas, y la más urgente, es la eliminación (o la financiación de sus ingresos previstos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado), del impuesto 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad eléctrica. Este impuesto, que normativamente recae sobre la producción, acaba trasladándose mayoritariamente sobre el consumidor final, y se estima que incrementa el precio spot del orden de 10€/Mwh.
La segunda medida es la interconexión. Por muy bienintencionados que podamos llegar ser, a nadie le puede extrañar que la competitividad de la industria española no sea una prioridad de Francia. Es preciso que la Comisión Europea, tan tajante y equitativa en otros casos, haya sido tan sumamente laxa en el incumplimiento de los sucesivos compromisos. Con una interconexión real del 10 al 15% encontraríamos una verdadera competencia en la oferta de los generadores españoles.
Un tercer aspecto diferencial con España, es el tratamiento normativo que se da a las industrias electrointensivas. En Alemania o Francia consideran que ese esencial mantener en su país la producción de materias primas estratégicas para el resto de actividades económicas, y obran en consecuencia. En España debe establecerse un régimen en similares condiciones y, en la medida de los posible, estable y previsible a largo plazo.
También es preciso destacar que en Alemania, la mayoría de las empresas electrointensivas alcanzan contratos bilaterales, algo que no sucede en España, donde los contratos a plazo no tienen condiciones competitivas. Lo que sí es cierto es el creciente interés de las empresas en los contratos PPA (Power Purchase Agreement) de compra-venta de electricidad, que permiten al comprador alcanzar un precio competitivo y al generador cubrir la volatilidad del pool y garantizar sus ingresos.
Y, por último y ante el debate existente, permítanme añadir que actualmente, ni España ni su industria pueden permitirse plantear ningún apagón nuclear. El efecto sobre los precios de la electricidad, domésticos o industriales, sería nefasto.
Antón Valero. Presidente de Feique