El 6 de julio, Theresa May presentaba a su gabinete de ministros -y conseguía su apoyo- un plan que sin duda contrariaba a los partidarios de un Brexit duro. Las dimisiones de Davis y Johnson, y la posterior de otros miembros de su partido, así lo confirmaban. Con independencia de los ajustes y enmiendas que el Plan reciba, lo cierto es que, desde el punto de vista de la industria química, es el mejor posible. O, al menos el más factible si May no quiere traspasar las numerosas líneas rojas que el Parlamento y su propio Gobierno le han impuesto. Ir más allá de la propuesta actual, en términos de pérdida de soberanía o mayor integración en los esquemas de la UE, probablemente exaltaría el orgullo de los más acérrimos defensores del Brexit y podría poner incluso en riesgo la continuidad del Gobierno.
Tampoco esta propuesta tiene su futuro garantizado. Todo dependerá del Parlamento y de la destreza de May para convencer a sus detractores.
Lo cierto es que el plan aleja las más perniciosas consecuencias que pronosticaron diversos organismos: desde la pérdida del 18% del PIB en una década (nada menos que 450.000 millones €), 1,5 puntos más de desempleo, reducción de las exportaciones industriales en más de 20.000 millones… aunque se seguirán produciendo sensibles daños en las economías del Reino Unido y, de forma mucho menos agresiva, en los países comunitarios.
En el caso de la industria química, con un intercambio comercial entre Reino Unido y la UE de 42.000 millones €, el cierre del mercado hubiera supuesto una pérdida a través de nuevos aranceles de cerca de 4.000 millones €. En el caso específico de España, con un intercambio comercial de 3.500 millones (el Reino Unido es el octavo mercado de exportación y de importación), el coste estimado para un brexit duro supera los 300 millones €, sin considerar otros costes arancelarios que se generaran a lo largo de la cadena de valor de un producto. La propuesta previene este daño, lo que estimamos fundamental, y contempla además la participación del Reino Unido en la Agencia de Productos Químicos de Helsinki, algo esencial para garantizar la libre circulación de mercancías en condiciones similares.
Ahora es el turno de la UE, que mantiene todavía un recelo justificado en la viabilidad técnica de la propuesta -el sistema es novedoso y no fácilmente implantable-, pero que también debe aparcar actitudes poco prácticas y buscar un acuerdo que, en la situación actual, es sin duda el mejor posible.
