El Pleno del Consejo Económico y Social aprobó el pasado 25 de enero su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Industria, previsto entre las reformas normativas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), señalando que, aunque valora positivamente la iniciativa, cuyos objetivos general mejoran notablemente la ley actual, el texto debería ser más ambicioso y más preciso en su definición.
El dictamen incide en la valoración positiva de la iniciativa de elaborar una nueva Ley de industria como elemento imprescindible para el despliegue de las políticas y estrategias que han de impulsarla si bien, debería incorporar explícitamente otros elementos importantes de los que adolece.
Reconoce que incluye elementos centrales, como la digitalización, la protección del medio ambiente y la descarbonización, y se incorporan la planificación de la actividad y la salvaguarda de la base industrial española que abastece de productos de primera necesidad o de carácter estratégico. No obstante, en el establecimiento de los objetivos finales que ha de tener el despliegue de la política industrial para el futuro del sector, el CES encuentra que el texto debería ser más ambicioso y más preciso en su definición, asegurando, mediante las correspondientes referencias, su incardinación en el conjunto de las grandes políticas del Estado.
En este sentido, recuerda la necesidad de tomar en consideración las bases del Pacto de Estado por la Industria de 2016, que incluyeron diez líneas de acción transversales (sostenibilidad, digitalización, innovación, capital humano, regulación crecimiento empresarial, financiación, energía, logística e internacionalización), así como un corolario final en el que instaba a fortalecer la estructura del Ministerio de Industria para dotarlo de suficientes atribuciones e instrumentos para el desarrollo y ejecución del mismo, y para aplicar las políticas que de él pudieran derivarse.
Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer desde el punto de vista institucional, a los agentes implicados en los ecosistemas industriales y la gobernanza de todo el sistema, lo que para el CES es otra de las principales debilidades del texto.
En las disposiciones generales del Anteproyecto se prevé como objeto de la ley establecer las bases de ordenación del sector industrial, para lo cual se señalan los fines a alcanzar, algunos de los cuales, a juicio del CES, no están suficientemente desarrollados en el texto objeto de dictamen, del mismo modo que otros, de relevancia para este Consejo, no han sido recogidos.
