Madrid, 20 de mayo de 2020 – El Consejo de Ministros aprobó ayer el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que fue enviado ayer para su tramitación parlamentaria. El objetivo final de esta normativa es que España alcance la neutralidad climática en 2050, disponiendo para este año de un sistema eléctrico 100% renovable.
Para ello, la ley establece una serie de objetivos nacionales para 2030, que sólo podrán ser revisados al alza:
- Reducción emisiones GEI un 20% con respecto a 1990.
- Penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 35%.
- Sistema eléctrico con, al menos, un 70% de generación a partir de energías de origen renovable.
- Mejorar la eficiencia energética un 35% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
Para garantizar que estos objetivos se cumplan, el Gobierno dispone de dos herramientas de acción climática:
- Los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC): el primero de ellos, para el período 2021-2030, ha sido ya presentado por España a la Comisión Europea.
- La Estrategia de Descarbonización a 2050: pendiente de aprobación mediante Real Decreto. Será revisable cada 5 años y establecerá un objetivo de reducción de GEI no vinculante intermedio para 2040.
La ley establece una serie de medidas orientadas a las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la adaptación al cambio climático, la transición justa, o los recursos financieros para la lucha contra el cambio climático. Entre las principales medidas, cabe destacar:
- Medidas para fomentar la progresiva penetración de energías renovables en el mix energético español: se crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico; se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica, por ejemplo; se desarrolla un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía.
- Las principales medidas de eficiencia energética se centran en la rehabilitación energética de edificios. Se fomentará el uso eficiente de la energía y el uso de renovables en edificación.
- Se amplía hasta 2030 el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
- Las Administraciones Públicas pondrán en marcha medidas para tener en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. En 2040 serán vehículos con 0g CO2/km.
- Potenciación del desarrollo de infraestructuras de recarga eléctrica.
- Transporte aéreo: se establecerán objetivos anuales de suministro de biocarburantes, especialmente avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico.
- Transporte marítimo: objetivo de cero emisiones directas en puertos competencia del Estado en 2050. Impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, desarrollo de Autopistas del mar y estímulo al uso de energías alternativas.
- Fomento con planes específicos del uso de gases renovables, incluyendo biogás, biometano e hidrógeno.
- Necesidad de justificar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil por motivos de interés social, económico o inexistencia de alternativas tecnológicas.
- Se propondrá un calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil.
- No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional ni de fracturación hidráulica de alto volumen. Instalaciones en activo presentarán 5 años antes de que expire su concesión un informe con el potencial de reconversión o ubicación para usos como geotermia o renovables.
- Los ingresos de las subastas de derechos de emisión. Al menos 450 M€ se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico por el fomento de las renovables. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
- Se incorporarán criterios ambientales en la contratación pública.
- Las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras deberán elaborar un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y medidas adoptadas.
- Las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.
- Estrategia de Transición Justa elaborada cada 5 años y desarrollo de convenios de transición justa en cada zona con un calendario para la adopción de medidas, con objetivos medibles y seguimiento.
Más información:
Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética-documento
