La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea (comúnmente conocida como Directiva ETS), forma parte de un conjunto normativo que contiene medidas destinadas a combatir el cambio climático y a promover las energías renovables y de bajo consumo de carbono. Entre otras disposiciones, la citada Directiva prevé la posibilidad de establecer medidas especiales para las empresas expuestas a un riesgo significativo de fuga de carbono -como es el caso de numerosas empresas del sector químico-, con objeto de compensar el aumento de precio de la electricidad resultante de la inclusión en sus facturas de los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero que le son repercutidos por los productores de energía.
Para paliar en la medida de lo posible el impacto de dichos costes sobre la competitividad de las industrias afectadas, los diferentes Estados Miembros de la UE establecieron, desde 2013 y autorizadas por la Comisión Europea, ayudas compensatorias, cuyo cuadro resumen es el siguiente (se indican sólo los países con producción industrial significativa):
Cuadro de Ayudas para emisiones indirectas. 2013-2016
(Millones €)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total 2013-2016 | |
España | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
Alemania | 314 | 186 | 245 | 245 | 990 |
Holanda | – | 78 | 78 | 50 | 206 |
Reino Unido | 18 | 69 | 69 | 69 | 225 |
Bélgica | 7-113 | 7-113 | 7-113 | 7-113 | 28-452 |
Francia | – | – | – | 93 | 93 |
Fuente: DG Competencia de la CE y Elaboración propia
A la vista de los datos es evidente la insuficiencia de las ayudas establecidas en España, que actualmente no alcanzan a cubrir el 7,5% de las necesidades de compensación (estimadas en 77 millones de Euros). Pero aún es más evidente el perjuicio competitivo que se está causando a la industria española cuando nuestras mismas compañías, pero implantadas en otros estados, están recibiendo hasta el 100% de sus necesidades de compensación en países como Alemania, Holanda, Reino Unido, Bélgica y Francia. Y algunos llevan cinco años recibiéndolas. Más allá de la dudosa arbitrariedad con la que la Comisión Europea ha permitido -otra vez- la implantación de unas ayudas estatales que de facto están distorsionando la competencia entre los países, y del claro perjuicio que ello ha supuesto a España o Italia por la maltrecha situación de las cuentas públicas, es necesario que nuestro país eleve los niveles de compensación para evitar la pérdida de competitividad. El esfuerzo del Algunos Eurodiputados, especialmente de los españoles e italianos, por establecer un mecanismo compensatorio a nivel comunitario a partir de 2020, ha quedado desdibujado en la primera votación del pleno de la Eurocámara, ya que el fondo destinado para esta compensación apenas permitirá cubrir entre el 3 y el 5% de las necesidades reales.