El sector industrial y empresarial han manifestado su preocupación por la falta de medidas concretas en el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. Tanto Teresa Rasero Guerrero, presidenta de la Comisión de Industria y Transición Ecológica de la CEOE, y presidenta de Feique, como Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria, han comparecido recientemente en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados para exponer la visión empresarial sobre esta normativa clave para el futuro del sector.
El sector industrial y empresarial han manifestado su preocupación por la falta de medidas concretas en el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. Tanto Teresa Rasero Guerrero, presidenta de la Comisión de Industria y Transición Ecológica de la CEOE, y presidenta de Feique, como Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria, han comparecido recientemente en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados para exponer la visión empresarial sobre esta normativa clave para el futuro del sector.
El pasado 13 de marzo, Teresa Rasero destacó durante su comparecencia la necesidad de concretar el nuevo marco legislativo con medidas específicas, dado que el texto actual deja muchos aspectos para un desarrollo reglamentario posterior. También subrayó la importancia de establecer plazos claros para la aprobación de la estrategia española de industria y el plan estatal de industria, con el fin de ofrecer seguridad y estabilidad a los inversores.
Uno de los puntos clave de su intervención fue la urgencia de agilizar la tramitación de permisos industriales, eliminando barreras burocráticas que ralentizan la puesta en marcha de nuevos proyectos. Además, resaltó la importancia de apoyar tecnologías de descarbonización, de reforzar la competitividad de la industria frente a otros países europeos, incluyendo una compensación más ambiciosa del CO2 para la industria electrointensiva y facilitar el acceso al mercado de materias primas recicladas, garantizando el cumplimiento de homologaciones y certificaciones sin imponer restricciones innecesarias.
Una semana después, en la misma Comisión, Carlos Reinoso expuso cuatro factores clave que justifican la necesidad de esta ley: la importancia de la industria en la autonomía estratégica del país, la transición hacia un modelo más sostenible y digitalizado, el desafiante contexto internacional con una creciente competencia de EE.UU. y China, y la reciente apuesta de la Unión Europea por la reindustrialización, con la publicación del Clean Industrial Deal o Pacto por una Industria Limpia.
Reinoso valoró positivamente que el proyecto de ley reconozca la industria como un sector estratégico y fomente la inversión, pero advirtió de carencias importantes, como la falta de concreción en medidas de competitividad y la necesidad de reducir la burocracia. Como punto central de su intervención, y en línea con lo planteado una semana antes por Rasero, propuso la creación de un fondo de financiación industrial con una dotación anual mínima de 2.500 millones de euros, financiado en parte con ingresos de las subastas de derechos de CO2. Según Reinoso, este mecanismo garantizaría inversiones a largo plazo para la descarbonización, la innovación y la modernización de la industria, proporcionando estabilidad a los inversores.
Finalmente, ambos coincidieron en la necesidad de un amplio consenso político para la aprobación de la ley, asegurando así su continuidad y efectividad a lo largo del tiempo. Ambas intervenciones subrayaron la urgencia de adoptar medidas concretas y ambiciosas para fortalecer la industria española, promoviendo su competitividad y sostenibilidad en el contexto actual.
